lunes, 24 de enero de 2011

La perversión de la Red


La censura, en todas sus escalas, es un ejercicio inherente al ser humano e imposible, por tanto, de erradicar.
En casos como en el del periodismo, y lamentablemente en muchos otros, el dinero va de la mano de las influencias. A mayor poder económico en un medio, mayor influencia. A mayor influencia, mayor control sobre los contenidos. A mayor control sobre los contenidos, mayor poder de censura. Así de simple es el funcionamiento de gran parte de nuestros supuestos informadores.

Una vez planteado el problema, el siguiente paso es encontrar el camino a la solución.

Internet.

Es, cuanto menos, paradójico que la que en principio es la plataforma de comunicación más democrática e igualitaria existente naciera en plena Guerra Fría y con fines meramente militares. El objetivo de esta red creada por los norteamericanos era que, ante un posible ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. De 4 ordenadores conectados se pasó a 40, y de ahí hasta hoy.

Y hoy, Internet se nos muestra como una plataforma de comunicación (que no medio) en la que el ciudadano encuentra su oportunidad para opinar, criticar, alabar, conocer... En definitiva, una plataforma que deja al lado cualquier tipo de discriminación y hace de la comunicación algo bidireccional y constructivo. Siempre y cuando se disponga de ordenador y conexión a Internet.

Pero en el momento en el que algo adquiere una dimensión global se ve inevitablemente afectado por los problemas globales.
En Internet también hay luchas de poder. También jerarquías. También censura. Y dinero en juego.
Mientras los usuarios de a pie intentamos hacernos oír a través de blogs o redes sociales, los magnates de la red juegan sus cartas y buscan utilizar esta democracia inicial para el beneficio personal, político o económico.

Uno de los agentes con más influencia en el negocio de Internet por su rápido crecimiento y expansión internacional es Google.
Este crecimiento ha traído consigo pingües beneficios, acompañados de las consecuentes polémicas.
La búsqueda de información en Internet pasa por el tamiz de lo que no deja de ser una empresa con sus propios intereses. El internauta que eche mano de este motor para encontrar lo que busca queda expuesto a la pugna entre actores como partidos políticos, empresarios o anunciantes.

Y de nuevo, el que sale ganando es el que tiene el dinero. Más allá de democracia y libertad de expresión.

El criterio económico es, por ejemplo, el que regula el posicionamiento en los resultados de las búsquedas. Los servicios SEO y SEM que ofrecen las empresas de marketing se basan en la aplicación de ciertas técnicas para conseguir un puesto preferente en los resultados de los buscadores. Y estas técnicas suelen basarse en la compra de estos puestos.
Esto condiciona también las noticias y opiniones que sobre esas empresas aparezcan en el buscador.

Aquí va un ejemplo sencillo. Imaginemos que “El Corte Inglés” compra la palabra “alimentación” para que, al teclearla en Google, aparezca su página web en el primer puesto. “El Corte Inglés” está dando un beneficio económico a Google. Por tanto, Google se las apañará para que, al buscar “El Corte Inglés”, ninguna de las primeras informaciones u opiniones que sobre la empresa aparezcan como resultado sean negativas. Porque, si así fuera, “El Corte Inglés” podría amenazar con retirar su compra de posiciones. Y Google perdería dinero.

¿No es esto, por tanto, otro tipo de censura?

La última noticia relacionada con este asunto la protagonizan el famoso buscador y la Agencia Española de Protección de Datos. La AEPD ha solicitado a Google que elimine enlaces relativos a 93 personas. Según la Agencia, “la ausencia del derecho al olvido puede entrañar perjuicios personales importantes”.
Como ejemplo, el caso de un ciudadano que, cumplida su pena por un delito menor, ha comprobado cómo la información sobre su caso sigue difundiéndose al estar en la hemeroteca de un medio indexado por Google.

El pasado 19 de enero, los casos de 5 de esas 93 personas fueron tratados en la Audiencia Nacional. En su defensa, el buscador alegó que eliminar los enlaces a ciertas páginas supondría atentar contra la libertad de información y expresión y supondría un “tipo de censura” y una “pérdida de objetividad”.

Es cierto que la responsabilidad de que ciertos contenidos permanezcan en la red recae en las páginas que los publican, no exclusivamente en los motores de búsqueda. También es cierto que no sólo en Google aparecen dichos enlaces, y que el buscador, al fin y al cabo, es un intermediario entre el que busca y lo que contienen los resultados obtenidos.

Pero el quién tenga o no razón no es lo que me preocupa. Lo realmente preocupante es que Google utilice el argumento de la censura y la “pérdida de objetividad”, cuando ha quedado demostrado que la red tiene matices y recovecos que la hacen un poco menos objetiva y un poco más censora.

¿No dejan Google y demás participantes en esta lucha de intereses la objetividad y libertad de información a un lado?
¿No son la compra de espacios publicitarios y la consiguiente influencia en los contenidos aspectos casi caracterizadores de los medios de comunicación y, por tanto, de ciertos contenidos de Internet?
¿No es en ocasiones Google un elemento más al servicio de la censura y la falta de objetividad?

Especialistas en el uso de las nuevas tecnologías de la información como Evgeny Morozov argumentan que el “bombo” sobre el enorme potencial de la red para promover sociedades abiertas y reducir el autoritarismo es iluso y pretencioso.

En cierta manera, y como reflejo de la vida real, Internet ha dejado de ser un instrumento democrático e igualitario para verse contaminado por las enfermedades de la sociedad que lo controla y ensuciado por las ambiciones humanas.


Aún así, la red sigue siendo una plataforma con un extraordinario y esperanzador potencial que, bien empleada, siempre servirá como campo de debate, opinión y enriquecimiento global.
Una plataforma libre que necesita ser utilizada y gestionada para la defensa del bien común y las libertades de información y expresión y plantar cara a los que las pervierten. 

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